Ángel Abril, Laia Camañes, Laura Casas, Julia Díaz y Carla Estruch.
Este 20 de octubre, se cumplen 14 años desde que, en 2011, ETA anunciase el cese definitivo de su actividad armada. La noticia llegó tres días después de la Conferencia Internacional de la Paz en San Sebastián, en un mensaje enviado a los periódicos vascos Gara y Berria.
La banda terrorista Euskadi Ta Askatasuna fue fundada por un grupo de jóvenes de ideología nacionalista radical. Entre sus objetivos, querían formar una Euskadi independiente y vascoparlante, junto a Navarra y el País Vasco francés. Los integrantes eran fieles creyentes que la violencia era una herramienta eficaz y justificada para conseguir su objetivo.
ETA: Un sin fin de atentados
Con cientos de víctimas a sus espaldas, ETA llevó a cabo más de 850 asesinatos mediante atentados. Muchos de estos actos terroristas fueron enmarcados en los llamados “años de plomo”, entre 1978 y 1980, su época más sangrienta. Estos años concentraron la mayor parte de los crímenes de ETA, muchos aún sin resolver.
Tal y como se expone en el mapa, elaborado con la herramienta StoryMap, la banda terrorista ha llevado a cabo más de 270 actos terroristas en todo el territorio español.
¿Dónde están los presos de ETA?
En la actualidad, los presos de ETA se encuentran íntegramente en cárceles de Euskadi y Navarra, lo que supone un punto final a la política de dispersión penitenciaria que el Estado había aplicado durante más de tres décadas. El 24 de marzo de 2023 el Ministerio de Interior autorizó el traslado de los últimos cinco reclusos de la comunidad Foral, salvo Natividad Jáuregui, extraditada desde Bélgica y en prisión provisional en Madrid.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió aquella decisión asegurando que “no se puede mantener la política de dispersión cuando la banda terrorista ya no existe”. Recordó que la dispersión fue una herramienta de la estrategia antiterrorista y que, una vez derrotada ETA, el Estado debía guiarse por la Ley General Penitenciaria, que establece que las penas deben cumplirse “lo más cerca posible del entorno social del penado”.
De la política de la dispersión al acercamiento
La dispersión se implantó en 1989, durante el Gobierno de Felipe González, con el objetivo de debilitar la estructura interna de la organización terrorista y evitar la influencia de los “sectores duros” sobre el resto de los presos. En aquel momento, los reclusos de ETA estaban concentrados en solo cuatro prisiones. El entonces ministro de Justicia, Enrique Múgica, reconoció años más tarde que fue él quien impulsó aquella política, que su sucesor, Alfredo Pérez Rubalcaba, justificó como una medida “para facilitar la reinserción y el abandono de la violencia”.
Durante las décadas siguientes, la banda terrorista ETA siguió matando —165 asesinatos solo en los años noventa— y llegó incluso a incluir al personal penitenciario entre sus objetivos, como demuestra el secuestro del funcionario José Antonio Ortega Lara en 1996. Sin embargo, el debate sobre el futuro de los presos nunca desapareció. En 1988 el “Pacto de Ajuria Enea” ya había planteado un “plan global de acercamiento” a las cárceles vascas, una demanda que el Parlamento Vasco repitió durante años.
Las fases para un cambio de modelo
Según el Observatorio de Política Penitenciaria, el proceso de acercamiento se desarrolló en tres fases. La primera consistió en traslados a cárceles próximas al País Vasco (Logroño, Cantabria, Burgos, Soria, Zaragoza o Asturias). En la segunda, los internos fueron ubicados definitivamente en prisiones de Euskadi y Navarra. Y la tercera, ya bajo la gestión penitenciaria transferida al Gobierno Vasco desde octubre de 2021, ha estado marcada por la concesión de terceros grados y libertades condicionales, dentro de un modelo orientado a la reinserción.
Según los datos más recientes de la Asociación Víctimas del Terrorismo, de junio de 2025, 135 reclusos vinculados a la organización cumplen condena en España: 127 en el País Vasco y 8 en Navarra. Un 34 % permanece en régimen ordinario de prisión, mientras que el 66 % está en tercer grado, bajo el artículo 100.2 o en libertad condicional.
Reconocimiento y amparo legal: debate sobre los traslados
El acercamiento de los presos se ampara también en estándares internacionales como las Reglas Mandela de la ONU, que recomiendan ubicar a los reclusos cerca de su entorno familiar, y en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege el derecho a la vida privada y familiar. Aunque el Tribunal Constitucional español ha señalado que este derecho no implica elegir el lugar de cumplimiento de la pena, el Consejo de Europa pidió en 2021 al Gobierno español acercar a los presos a sus familias.
Las asociaciones de víctimas del terrorismo, como la Asociación Víctimas del Terrorismo, han criticado duramente la medida, recordando que entre los presos beneficiados hay más de un centenar con delitos de sangre y más de 300 víctimas. Para las víctimas, el fin de la dispersión reabre heridas; para el Gobierno, representa la normalización de la política penitenciaria tras el fin de la violencia.
El cierre de una etapa histórica
Más de una década después de la disolución de ETA, el acercamiento de los presos con sus familias, simboliza el cierre de una etapa clave de la lucha antiterrorista. Más allá de su dimensión administrativa, la medida tiene un profundo significado porque es un gesto que sigue dividiendo a la sociedad vasca entre la necesidad de reparación y convivencia.
Una herida que aún se sufre en algunos de los relatos contemporáneos en el cine español con filmes como “La infiltrada”, un film de 2024 estudiado por los compañeros de #SomosPeriodismo, o “El fantasma en la batalla” (2025).
