Defensa del territorio, sanación de las víctimas y construcción de paz desde los resguardos indígenas de Coyaima, Tolima
“Mi nombre es Luz Ángela Yate, soy la gobernadora del resguardo de Chenche Balsillas, y esta es mi comunidad”.
Es la primera vez que habla delante de una cámara, pero ya tiene experiencia en defenderse con la palabra. Desde que se convirtió en la gobernadora de su comunidad, Luz Ángela se ha reunido con el Gobernador del Tolima,Carlos Guillermo Ospinay con la Agencia Nacional de Tierras, así como con otras muchas instituciones en su lucha por la mejora de las viviendas de su resguardo, ubicado en el municipio de Coyaima. “Si tenemos que pararnos en la minga para que nos vuelvan a poner el WiFi, pues lo hacemos”, anuncia la gobernadora.
En el patio trasero de la sede de la gobernación del resguardo Pijao de Chenche Balsillas, Luz empieza a contar la historia de su comunidad —y su historia— con el conflicto armado. Un espacio abierto al aire libre, con una hamaca deshilachada balanceándose ligeramente con el viento. “Mi comunidad fue azotada del 2000 al 2005. Entonces, hubo muchas mamitas que se tuvieron que ir. Acá tuvimos primero la entrada de la guerrilla y luego vinieron las Autodefensas Unidas de Colombia, los paramilitares”, recuerda Luz. Según recoge el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), “en la década del noventa, las FARC aumentaron su presencia y acciones de control, a través de los Frentes 21, 17, 25 y el Joselo Lozada; junto con las columnas móviles Jacobo Prías Alape y la Daniel Aldana. Además, por su parte, el grupo paramilitar del Bloque Tolima intensificó el conflicto en la zona a raíz de su expansión en esos territorios desde el año 2001”.
Disputas territoriales, intereses económicos y conflicto político se entrecruzan en este plano árido mantenido con vida gracias a los ríos. Según recoge el informe elaborado por el CNMH De los grupos precursores al Bloque Tolima (AUC), las tres bases que los paramilitares instalaron en la zona fueron situadas, intencionalmente, sobre el macroproyecto de riego del Triángulo del Tolima, que “ha llevado como resultado desde finales de 1999 un avance intensificado del paramilitarismo, (…) dejando un crecido número de víctimas”. En la zona indígena, el Bloque Tolima mantuvo control territorial desde su incursión en 2001 hasta su desmovilización en 2005.
La guerra en los cuerpos territorializados
“Ellos [los paramilitares] violentaron muchas mujeres, nos violentaron, porque yo soy una víctima más de eso”, explica Luz, que cierra sus ojos y posa su mano sobre el pecho. “Y por eso me siento fortalecida… En mí, como mujer, el miedo que tenía ya… ya se me fue, aunque es algo por lo que una queda marcada como mujer. Quiero buscar la forma de hablar con las mamitas que tuvieron ese tipo de problemas, impulsar que ya no tenemos que tener miedo por eso que nos sucedió, sino que hay que comentarlo”.
La relación cuerpo-mujer-territorio es clave para comprender los efectos del conflicto armado en la mujer víctima-sobreviviente. Según recoge el mismo CNMH en el libro Expropiar el cuerpo. Seis historias sobre violencia sexual en el conflicto armado (2018), al cuerpo de la mujer se le ha otorgado un significado de “botín”, lo que implica que las lógicas de poder en los territorios físicos se trasladan a concebirla como un cuerpo-territorio objeto de conquista y usurpación. La propia Corte Constitucional de Colombia, en su Auto 092 de 2008, indicó que todos los grupos armados ilegales enfrentados, “y en algunos casos aislados, agentes individuales de la Fuerza Pública” han hecho uso de la violencia sexual, la explotación y el abuso como como estrategia de guerra.
Además, las mujeres sufren otras violencias sobre sus cuerpos vulnerados: silencios, vergüenzas, señalamientos, culpas, justificaciones. Según cuenta la líder indígena “Siempre hemos tenido ese miedo a contar. Miedo a, entre nosotras mismas, contar la agresión”. Además, durante mucho tiempo, la naturalización de la violencia sexual fue tan fuerte que llegó a impedir verla como un delito, según relatan numerosos informes sobre derechos humanos. Pero Luz no se quiere callar. “En este momento yo estoy luchando por hacer parte de una asociación de víctimas, estoy en ese proceso”.
El rostro de la victimización diferencial
Sentada al cobijo de la sombra, la gobernadora indígena deja espacio para que respiren las ideas que explica. “Como comunidad indígena nos ha afectado mucho el conflicto armado, porque aquí en mi censo hay muchos compañeros que están desplazados”.
Según recogen los informes de esclarecimiento de la verdad, una de las mayores afectaciones que ha sufrido el Pueblo Pijao tiene que ver con el desplazamiento forzado. “A raíz del accionar de distintos actores armados, entre los años 2003 y 2008, se registraron 92.409 casos de desplazamiento en municipios del Tolima donde habita parte de la población pijao, lo que equivale al 26% en relación con el total de desplazamientos del departamento”, según los datos del CNMH.Este hecho se reconoce a nivel nacional como uno de los procesos de desplazamiento indígena de mayor impacto. Huir del territorio fue una de las únicas maneras a través de las cuales las familias indígenas podían evitar el reclutamiento forzado, la desaparición, los homicidios selectivos y la apropiación de tierras. Acciones llevadas a cabo por los paramilitares bajo la denominada “limpieza social” dirigida contra los indígenas supuestamente colaboradores de la guerrilla, según recogen diferentes sentencias judiciales citadas por la investigación del CNMH[1].
Los efectos de la violencia diferencial ejercida sobre las comunidades indígenas del sur del Tolima fueron tan grandes que, en su visita a Coyaima y Natagaima en el 2012, la Defensoría del Pueblo alertaba que estaban “amenazando su existencia como pueblo indígena”. Entre otros motivos, debido a “la eliminación sistemática de los líderes y mayores de cada una de las comunidades”. Luz tiene conciencia plena del problema y sabe lo importante que son las abuelas en su comunidad: “Nuestras abuelas han sido las que nos han protegido y nos protegieron en las guerras que hubo anteriormente”. Tiene la determinación de defenderlas, porque considera que ellas son clave para hablar del pasado, de las madres que han marchado, desplazadas, y para saber la verdad. La voluntad de proteger a las vulnerables y de esclarecer el pasado llevaron a Luz a implicarse en la vida social y política de su comunidad.
Defender la comunidad: mingas por el territorio, la vida y la paz
Para Luz, ser líder significa “defender la comunidad”. La gobernadora se apresura a especificar: “Ser líder es buscar mejorar la calidad de vida de la comunidad en pleno, gestionarles proyectos y salir y buscar formas y entidades, porque yo sé que hay muchas oenegés que impulsan las comunidades».
La joven gobernadora quiere lograr que el Estado los escuche. Que sus niños tengan una mejor educación, porque ella se quedó “estancada”. Hoy su hijo mayor cumple 18 años. “Irá a la universidad”, dice orgullosa Luz Ángela. La casita donde vive junto a dos de sus cuatro hijos se ubica al lado de la escuela de la comunidad, la Institución Educativa Chenche Balsillas, que acoge cerca de 500 estudiantes que caminan durante horas para llegar al colegio. Cuando llegan, en medio del calor sofocante propio de la zona, los niños y las niñas se enfrentan al principal problema del resguardo: la ausencia de agua. “Antes no teníamos que perforar por el agua, pero ahora sí, hasta 15 metros de profundidad”, lamenta la gobernadora, que se pregunta: “Si con la minería envenenan el agua del río, ¿de qué forma nos benefician a nosotros estos proyectos? Nada. Con eso nos engañan”. Luz se refiere a los megaproyectos mineros, petroleros e hidroeléctricos que ponen en peligro los ecosistemas locales. Como comunidad, se han pronunciado en contra del proyecto de minería de Ataco. “Si hay que salir a protestar, se saldrá”, afirma con la potencia calmada que la caracteriza.
En un contexto de pugna por la articulación del territorio y de la paz, los indígenas del sur del Tolima han salido reiteradamente a marchar juntos en mingas durante los últimos años de “posconflicto”. Minga es la palabra de origen quechua que utilizan los pueblos originarios para referirse a las marchas y los paros de protesta, y que inicialmente designaba una forma de trabajo comunitario. En el departamento del Tolima, alrededor de mil indígenas Pijaos y Nasa hicieron parte de la minga de finales de marzo de 2019, convocada en ocho departamentos para “exigir que se cumplan los acuerdos que por más de 30 años han sido incumplidos por el Gobierno”. Un mes más tarde, las protestas continuaban, y Claudio Poloche, representante de la Federación Regional Indígena del Tolima (FICAT), declaraba el 26 de abril de 2019 a Econoticias que estaban “en Minga Permanente por el Derecho al Territorio, a la Vida, y a la Paz”.
Luz se lamenta hoy de haber dado por finalizadas las protestas y denuncia que las comunidades indígenas siguen en peligro. De hecho, unos meses después del fin de las mingas, a mediados de agosto de 2019, el portavoz de la ACIT, Edwin Conde, denunciaba que en unos panfletos que empezaron a circular se declaraba “como objetivo militar a todos los gobernadores y gobernadoras por participar en la minga”.
El peligro de ser la cabeza visible
Luz Ángela sabe que el rol que ejerce no está libre de riesgos. En 2002, uno de los líderes asesinados fue uno de sus compañeros perteneciente a la ACIT y de su propia comunidad. El Bloque Tolima buscaba quebrantar los procesos de organización social y política de los pueblos indígenas y la organización social más afectada por la violencia de los paramilitares fue la ACIT. Según recoge la Defensoría del Pueblo, “ACIT reportó ante la dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior el asesinato de por lo menos 150 indígenas en el periodo 2001 – 2003 y el desplazamiento de cerca de 800 familias pertenecientes a esta asociación”.
Tal y como destaca el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, “estas cifras reflejan la dimensión de la violencia ejercida contra esta organización indígena que podría catalogarse como exterminio o etnocidio; además, hecho agravado si tenemos en cuenta que la ACIT guarda relación con el ataque sistemático que se registró nacionalmente contra el PCC [Partido Comunista Colombiano] y la UP [Unión Patriótica]”.
La persecución a los rostros del cambio se ha dado a lo largo y ancho de todo el territorio colombiano. “Cuando uno es líder, a quién primero miran, es a la cabeza visible. Entonces ahí es cuando uno dice que, a veces, asumir el liderazgo es muy duro, pero a la vez fortalecedor, porque uno siente que las cosas que uno hace llegan a un fin«, un fin que Luz marca con determinación al dar un golpe seco con su mano.
Según la organización Somos Defensores, entre 2002 y 2017 en Colombia fueron asesinados 664 líderes sociales, y el peligro continúa hoy en día. Desde la firma del Acuerdo de Paz, el 24 de noviembre de 2016, 442 personas que defendían derechos humanos o lideraban procesos comunitarios han sido asesinados, según las cifras publicadas por Somos Defensores en marzo de 2020. Los datos más recientes, publicados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) a mediados de mayo, más de cien han sido asesinados en 2020. Sin variar su tono de voz calmado, Luz denuncia que están amenazados: “Estamos amenazados como organización, pero en la comunidad tenemos nuestros guardias y aquí me siento segura y protegida porque ellos están alrededor mío».
La gobernadora explica que “cuando sucede algo, como una persecución”, como comunidad lo han sabido llevar, “porque irlo a contar allá es venirse en contra de nosotros mismos”. Al ser un resguardo indígena, disponen de una jurisdicción especial y tienen su propia autoridad. “Autoridad que en este momento está en cabeza mía, en mi asamblea», explica Luz, al tiempo que confiesa que no le ha sido fácil tomar el liderazgo: “a nosotras como mujeres nos tildan de que no podemos llegar a realizar nuestras metas”.
“A mí me gusta liderar. Para mí, como mujer, ser líder me hace feliz, me siento orgullosa, y tengo mi familia que me está ayudando. Pero hay mucho machismo”, dice, sin pelos en la lengua, la gobernadora. “Aquí, en esta sede, hubo gobernadores que, físicamente, me gritaron. Eso es muy doloroso, pero para mí eso no fue un obstáculo, porque antes me llené de fortaleza, para decir ‘sí puedo hacerlo’, y les voy a demostrar con hechos que esta ‘vieja’, de la que dicen, ‘esa mujer se la pasa sin oficio por allá, no tiene más que hacer…’ Sí, sí tiene algo que hacer, traer beneficios para la comunidad. Y lo he hecho bajo la organización a la que yo pertenezco y a la que pertenecemos, y ahora como gobernadora, mucho más».
La historia de empoderamiento de Luz Ángela, la joven gobernadora indígena, comienza con el proyecto Mamitas en Acción. Entonces, se dio cuenta de que “la mujer puede ser protagonista para el cambio y para el ejercicio del liderazgo”. Al organizarse después de las violaciones de derechos humanos que sufrió, Luz logró acceder a espacios sociales y a roles nuevos con alta responsabilidad. Su propio liderazgo le ayudó incluso a cumplir su sueño de viajar en avión y de dar a conocer su comunidad.“Para mí era muy importante estar en la comunidad —explica Luz— pero más importante fue el poder estrecharle la mano al presidente y decirle: ‘Vea, en mi comunidad… Quiero que vaya a mi comunidad, que se dé cuenta de cuál es la problemática que tenemos…’ Y él dijo: ‘Sí, sí’, pero nunca vino…».
“Para nosotros es muy importante contar”
Al tiempo que querer mejorar las condiciones de vida de su comunidad, Luz cuenta que se hizo líder para “ayudar a que la verdad se sepa”, ya que considera que contar lo que pasó es una necesidad indispensable para reparar a las víctimas. Narrar, según recogen diferentes académicos y académicas, se convierte en un acto de resistencia frente al olvido y en una manera de construir memoria colectiva.
“Para nosotros es muy importante contar —explica Luz— porque, aunque a veces decimos que las heridas sanan, no es verdad, se mantienen ahí con nosotros. Para no tener tristeza, necesitamos saber la verdad, la verdad contada de nosotros mismos». De esta forma, poco a poco se subvierte la historia escrita desde la visión del victimario, aunque el pasado nunca se pueda restituir de manera perfecta. “Necesitamos saber quiénes y por qué —prosigue Luz—. Yo creo que llegó la hora de que la verdad sea contada desde nuestros propios abuelos y abuelas porque ellos son los que saben, y con ellos vivimos la violencia y ellos fueron quienes nos protegieron en algún momento. Sí, para la paz necesitamos que se sepa la verdad».
La lideresa ha buscado la forma para reparar a las víctimas mediante espacios de sanación y escucha activa, y cree que no se dan suficientes recursos para sanar ese dolor que siente que aún persiste en sus mentes. “Ahorita asumí el rol de líder, de buscar la forma de que esa paz que tanto nosotros necesitamos llegue en algún momento, en el que podamos respirar tranquilamente sin estar preocupados de que van a venir por nosotros o por nosotras. Más que nada la infancia, la adolescencia, nuestros abuelos”.
Una tranquilidad, una paz que para Luz “será que vivamos todos en comunidad, en unión. Tener una unidad en la que nosotros y nosotras podamos contar con nuestras compañeras y compañerosen todo momento. Pero también ser escuchados para que cuando nosotros tengamos algún tipo de problema violento que vengan a mediar, a intermediar por nosotros». Luz Ángela destaca que la reconciliación, la unidad y la vida en paz “tiene que salir de nosotros mismos, de cada uno de nosotros”. Con la tranquilidad que la caracteriza, Luz recuerda el momento en que su agresor se acercó a pedirle perdón:
“Esa persona llegó a mí y me dijo: ‘yo necesito hablar con usted’, entonces yo le dije, ‘no hay problema’. Él me preguntó: ‘¿usted se acuerda de mí?’, y yo le contesté que no me acordaba de él. Y él dijo, ‘pero yo sí me acuerdo de usted, y yo hice algo terrible, y yo necesito que me perdone…’ Uno lo duda mucho, pero dice, sucedió, pero que no vuelva a suceder, está perdonado, y todo debería ser así en el entorno, buscar esa forma de perdón. De perdonarnos entre nosotros mismos. Porque de pronto en algún momento uno comete un error, y también necesita que lo perdonen».
[1] Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, 2014, mayo 19, sentencia de Jhon Fredy Rubio Sierra y otros, página 169.
