Joan Sánchez, Sergi Vélez, Berta Torres, Paula Pascual
El pasado 5 de enero entró en vigor la modificación del régimen jurídico Ley de protección, derechos y del bienestar de los animales. La legislación reconoce a los perros y gatos como «seres vivos dotados de sensibilidad». Será la primera ley, en España, que proteja los derechos de los animales, y que armonice las diversas iniciativas de las Comunidades Autónomas. La nueva norma establece como objetivos más destacados erradicar el maltrato, abandono y sacrificio de animales, según el Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Ione Belarra.
Algunos de los cambios más importantes pasan por impedir sacrificar animales de compañía, salvo situaciones sanitarias o eutanasia, se prohíbe la exhibición con finalidad económica o la reconversión de zoos en espacios para recuperar especies consideradas autónomas.
A pesar de todo, el partido socialista ha decidido congelar el proyecto de Ley animal ante las diferencias con sus socios de gobierno sobre qué tratamiento deben tener los perros de caza. Sin embargo, no es únicamente el psoe el que tiene que objetar algo sobre la nueva reforma.. Por su parte, Vox se posiciona en contra del proyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales: “Aboca a la destrucción de empresas y empleos del sector”, concluye la Asociación Española de Distribuidores de Animales de Compañía (AEDPAC), quién ha trasladado su malestar al grupo parlamentario Vox.
Estaba previsto que la norma se aprobase antes de acabar el año. Sin embargo, todo indica que los trabajos parlamentarios no se podrán concluir hasta principios de 2023. Si es que las discrepancias sobre los perros de caza, la esencia del problema, llega a desbloquearse en algún momento.
